| Acuerdo de Libre comercio Tisa |
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Ginebra, 2017 Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios llamada en inglés "TISA" (TISA es el acrónimo de Trade in Services Agreement) Prefacio del informe sobre el TISA, escrito por Scott Sinclair, Centro Canadiense de Alternativas Políticas, y Hadrian Mertins-Kirkwood, Instituto de Economía Política, Universidad de Carleton, publicado por la Internacional de Servicios Publicos (ISP) : Tratar a los servicios públicos como mercancías destinadas al comercio crea un error conceptual fundamental acerca de los servicios públicos. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA), que se está negociando actualmente en secreto y fuera de las normas de la Organización Mundial del Comercio, es un intento deliberado por privilegiar los beneficios de las empresas y países más ricos del mundo por encima de los que tienen mayores necesidades. Los servicios públicos están diseñados para satisfacer las necesidades sociales y económicas vitales –tales como la atención de la salud y la educación– de una manera asequible, universal y en función de las necesidades. Los servicios públicos existen porque los mercados no producirán estos resultados. Además, los servicios públicos son fundamentales para garantizar una competencia leal para las empresas y una reglamentación eficaz para evitar los desastres medioambientales, sociales y económicos –tales como la crisis financiera mundial y el calentamiento del planeta. Los acuerdos comerciales promueven conscientemente la comercialización y definen los productos y servicios en términos de su capacidad de ser explotados con fines lucrativos por parte de las empresas mundiales. Incluso los más fervientes partidarios de los acuerdos comerciales admiten que hay ganadores y perdedores en este juego amañado. Los ganadores son generalmente los países poderosos que son capaces de hacer valer su poder, las empresas multinacionales que son las que se encuentran en mejor situación para aprovechar el nuevo acceso a los mercados y los consumidores adinerados que pueden permitirse las importaciones extranjeras. Los perdedores tienden a ser los trabajadores que se enfrentan a la pérdida de empleo y a una presión a la baja sobre los salarios, los usuarios de los servicios públicos y las pequeñas empresas locales que no pueden competir con las empresas multinacionales. El TISA se encuentra entre la alarmante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión basados en poderes jurídicamente vinculantes que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben las medidas gubernamentales en una amplia gama de ámbitos sólo incidentalmente relacionados con el comercio. El TISA impedirá que los gobiernos puedan devolver los servicios públicos a manos públicas cuando las privatizaciones fracasen, restringirá las reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad de los trabajadores, limitará las reglamentaciones en materia de medio ambiente y protección de los consumidores, así como la autoridad reguladora en ámbitos tales como la concesión de licencias para centros de cuidado de la salud, centrales eléctricas, instalaciones de eliminación de desechos y la acreditación universitaria y escolar. Este acuerdo tratará a los trabajadores migrantes como mercancías y limitará la capacidad de los gobiernos de garantizar sus derechos. Las normas del trabajo deberían ser establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con su estructura tripartita, y no estar cubiertas por acuerdos comerciales. Increíblemente, tras la crisis financiera mundial, el TISA también pretende desregular aún más los mercados financieros. Sabemos que los grandes intereses corporativos están fuertemente implicados en las negociaciones del TISA. Sabemos que la última vez que se negoció un amplio acuerdo en materia de servicios (AGCS) – se desató una protesta pública mundial. Y sabemos que actualmente se están realizando grandes esfuerzos por mantener secretas las negociaciones del TISA. Con unos riesgos tan importantes para las personas y para nuestro planeta, esto es un escándalo. Quién en un país democrático aceptará que su gobierno apruebe en secreto leyes que modifican el poder y la riqueza, comprometen a los futuros gobiernos y restringen la capacidad de su nación de responder a las necesidades de los ciudadanos de una manera tan fundamental ? Los textos de negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios deben ser divulgados para su análisis y toma de decisiones públicos. El TISA no debe cubrir ningún servicio público ni restringir la capacidad de ningún gobierno para reglamentar en función del interés público. No debería realizarse ningún tipo de comercio con los servicios públicos. Rosa Pavanelli, La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 154 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. Public Services International, BP 9, F-01211 Ferney-Voltaire Cedex, France. Diversos documentos sobre TISA : http://www.world-psi.org/fr/base-de-donnees-sur-tisa
* * * * * * * * El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios llamado en inglés TISA (Trade in Services agreement) está siendo negociado desde el mes de marzo de 2013 en la Misión de Australia en Ginebra por 22 Estados: USA, Canada, Australia, Japón, Suiza, Lichteinstein, Islandia, Noruega, Turquía, Israel. Isla Mauricio, Meéjico, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Taipei Chino, Hong Kong (China), Nueva Zelandia, Pakistán, Cprea del Sur, y por la Comisión europea (quien representa los 28 Estados miembros de la Unión Europea). Uruguay y Paraguay se retiraron de las negociaciones.
Estado de situación en la OMC en el camino hacia la 11ma conferencia ministerial en Argentina Deborah James, 22 de junio de 2017 Original in ingles: http://www.huffingtonpost.com/entry/5951365ae4b0f078efd98399 La 11ma Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 2017. Tras años de quedar relegada mientras se negociaban otros tratados "de libre comercio", las grandes empresas volvieron a centrar su atención en la OMC, especialmente el sector de la tecnología de punta, que actualmente incluye a cinco de las siete empresas más grandes del mundo. Estas empresas están decididas a lograr en la OMC lo que aún no han podido garantizar en ningún otro acuerdo: nuevas normas que fijen oportunidades para obtener ganancias en la economía digitalizada del futuro. Lo que buscan en Argentina es un mandato para realizar nuevas negociaciones en el marco del "comercio electrónico", pero la realidad es que estas nuevas normas limitarán aún más la capacidad de los gobiernos para promover medidas de prosperidad y reducir la desigualdad, incluso mientras sufren las consecuencias políticas de las revueltas de las comunidades que fueron dejadas atrás. Al principio se tenía la esperanza de que a Trump no le interesara tanto asumir una posición de liderazgo en torno a los intereses de la industria de la tecnología, tal como al gobierno anterior. Pero al final, los integrantes de su equipo encargado de las cuestiones comerciales comenzaron a referirse al comercio electrónico como una prioridad para que Estados Unidos avance, lo que incluye "cosechar" el capítulo sobre comercio electrónico del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) para otros acuerdos. Además del comercio electrónico, las negociaciones se están caldeando en varias áreas relacionadas con el comercio de servicios, lo que acotaría la capacidad de los gobiernos para limitar el comportamiento de las empresas en interés del público. Entre los posibles resultados de Buenos Aires también se incluirían nuevas normas en materia de las disciplinas a los subsidios a la pesca, que contribuyen con la crisis mundial causada por la pesca excesiva, pero estas nuevas normas pueden ser un vehículo oculto para ayudar a las grandes flotas a expensas de los pequeños pescadores. Desafortunadamente, los negociadores no están prestando mucha atención a lo que debería ser la agenda principal: transformar las normas agrícolas mundiales que restringen la capacidad de los países en desarrollo para garantizar la soberanía alimentaria de sus poblaciones a la vez que le otorgan al gran agronegocio subsidios prácticamente ilimitados; y aumentar las flexibilidades de los países en desarrollo para que puedan usar el comercio a favor de su propio desarrollo. Amenaza a la vista: Los derechos de las empresas se imponen mientras se deja de lado el control público A partir de una propuesta de Estados Unidos con fecha de julio de 2016, casi una decena de propuestas en materia de comercio electrónico se han circulado en la OMC, muchas de ellas con disposiciones que se superponen. Estas propuestas están diseñadas en torno a una economía mundial, digital y sin fronteras en la que las principales empresas de tecnología, financieras, logística y otras como Amazon, FedEx, Visa y Google pueden trasladar en términos de tiempo y espacio mano de obra, capital, insumos y datos sin límites. También pretenden imponer la apertura de nuevos mercados a la vez que limitan las obligaciones de las empresas para garantizar que los trabajadores, comunidades o países se beneficien con sus actividades. Los propulsores esconden sus propuestas en el caballo de Troya de la necesidad de impulsar el desarrollo a través del poder de las pequeñas y medianas empresas (PyME) mediante el comercio electrónico. Pero es muy poco probable que las PyME puedan competir con empresas transnacionales gigantes que gozan de los beneficios de su magnitud, subsidios históricos, avances tecnológicos, una infraestructura fuerte apoyada por los Estados y un sistema de normas comerciales redactadas por sus propios abogados. Algunas disposiciones clave de las propuestas incluyen prohibir los requisitos de mantener los datos a nivel local o incluso tener una presencia local en el país, además de la ausencia de impuestos transfronterizos para los productos digitales. Pero no existen fundamentos económicos sobre por qué los bienes que se comercian digitalmente no deberían contribuir con la base tributaria nacional, mientras que los bienes que se comercian de forma tradicional en general sí contribuyen. Y los datos son ahora el recurso más valioso: es por eso que los mercados valoran tanto a las empresas que ofrecen sus servicios de forma gratuita a los consumidores. Fijar las normas en la OMC para permitirle a las empresas transferir datos alrededor del mundo sin restricciones le negaría para siempre el derecho a los países de beneficiarse de sus propios datos e información en el futuro. También tiene graves implicancias en términos de la privacidad de los datos y la protección de los consumidores. Lo que los propulsores de la OMC denominan "obstáculos de localización" son en realidad herramientas que los países usan para garantizar beneficiarse de la presencia de empresas transnacionales y avanzar en su propio desarrollo. Ya sabemos que las características distintivas de Uber y Amazon incluyen la deslocalización de los mercados laborales y la precariedad del trabajo. Esto se aceleraría si sus propuestas son aceptadas en la OMC. Los gigantes de la tecnología consolidarían su poder monopólico. Su tristemente reconocida evasión fiscal se vería facilitada por un tratado internacional vinculante y sería prácticamente imposible contener la inestabilidad financiera que surja como resultado. Los miembros de la OMC no tienen actualmente un mandato para redactar nuevas normas mundiales sobre "comercio electrónico" y no deberían obtener uno en Buenos Aires. Incluso sin nuevas normas de la OMC en materia de comercio electrónico, el comercio electrónico está en auge y las PyME ya pueden vender sus productos por Internet. Por supuesto, el comercio electrónico puede ser un agente para la creación de empleo y el desarrollo y definitivamente tiene el potencial de expandir la innovación, aumentar las opciones para los consumidores, conectar a los productores con consumidores lejanos y aumentar la conectividad a nivel mundial. Pero esto no es lo mismo que tener normas internacionales vinculantes redactadas por Google para su propio beneficio. Amenazas a la regulación en el interés público Planes empresariales similares se encuentran detrás del esfuerzo de adoptar nuevas normas con el fin de limitar la reglamentación nacional de servicios. Para proporcionar un servicio, debe haber una persona, en algunos casos un profesional con experiencia, que a menudo tiene competencias profesionales con las que deben cumplir. Por lo general hay una empresa a la que habitualmente se le exige que tenga una licencia para proporcionar el servicio. Finalmente está el método de suministrar el servicio y por lo general los gobiernos tienen estándares técnicos (tales como disposiciones contra terremotos en el sector de la construcción) a los cuales deben adherirse los proveedores de los servicios. Desafortunadamente, el enfoque de las normas que se proponen en materia de reglamentación nacional en la OMC no es aumentar el valor social o la accesibilidad del servicio, sino que pretende garantizar que tres clases de reglamentación -los procedimientos y requisitos de competencia, los procedimientos y requisitos de licenciamiento y los estándares técnicos- sean "razonables", "objetivos", "transparentes" y que no representen "una carga mayor que la que se necesita para garantizar la calidad del servicio" y además que los estándares técnicos deberían desarrollarse en el marco de un proceso "abierto y transparente". Estos son términos abiertos. Cómo se interpretan en la OMC podría socavar significativamente la soberanía reglamentaria de los países, poniendo los intereses de los proveedores de servicios extranjeros por encima de las obligaciones de los gobiernos de garantizar que los servicios se proporcionen a favor del interés del público. ¿Quién decide si la administración de temas laborales, impuestos, o leyes sobre medio ambiente o seguridad que afectan a las empresas extranjeras de servicios es “razonable?” Si una comisión local de urbanismo está de acuerdo con el rechazo a nivel local contra el establecimiento de un hipermercado cerca de un sitio histórico, ¿sería objetiva? Si un estado decidiera aceptar una recomendación de una revisión ambiental y prohibir la fractura hidráulica como método para obtener gas, ¿se consideraría una carga mayor? En lugar de los gobiernos locales, los paneles comerciales podrían estar a cargo de tomar decisiones para una comunidad que son inherentemente subjetivas ya que implican importantes juicios personales. Y es necesario observar que esto sucede en el caso de la reglamentación nacional; las normas que se proponen no solo se aplicarían en el campo de los servicios comerciados, que es donde debería terminar la competencia de la OMC. Los miembros acordaron hace años desarrollar todas las disciplinas necesarias en torno a estas medidas, pero la mayoría de los países en desarrollo, e incluso Estados Unidos, tienen dudas de si tales normas son "necesarias". Pesca: ¿Subsidiar a los pobres o los ricos? El otro gran “resultado” por el que se presiona en Buenos Aires es una forma de hacer frente al problema de la pesca excesiva negociando límites para los subsidios que los gobiernos proporcionan a las industrias pesqueras. Existe un camino claro hacia un resultado a favor del desarrollo y a favor del medioambiente si se imponen disciplinas a las flotas industriales a las que se les otorgan subsidios para aumentar su capacidad de pescar excesivamente, mientras que a los pescadores artesanales que proporcionan alimentos y medios de sustento se los apoya para que crezcan de forma sustentable. Desafortunadamente, algunas de las propuestas de la OMC parecen imponer cargas adicionales a los países en desarrollo que tienen una capacidad de reglamentación limitada, a la vez que otorgan subsidios a los combustibles fósiles para las grandes flotas, lo que conduciría a una mayor participación de los grandes operadores de pesca. Sería mejor esperar hasta que todos los países puedan evaluar las posibles ramificaciones de los distintos tipos de disciplinas antes de terminar perjudicando a los productores más pequeños. Margen de mejora: Reparar las malas normas que ya existen en vez de ampliarlas Tanto las normas de comercio electrónico como las disciplinas de reglamentación nacional representarían una expansión de la OMC. Pero la mayoría de los miembros de la OMC han argumentado que las normas injustas y perjudiciales que existen deben repararse antes de que la OMC pueda expandirse. Esta lucha se encontró en el centro de la última conferencia ministerial, que concluyó con un texto ambiguo en el que se reconoce que algunos países quieren aportar nuevos asuntos, mientras que otros quieren continuar con la agenda de desarrollo inconclusa de la Ronda de Doha. Las normas sobre agricultura deben dar prioridad a la seguridad alimentaria La máxima prioridad para una agenda de desarrollo verdadera sería transformar las normas actuales sobre agricultura. Hay dos aspectos clave: hacer que las normas sean más flexibles para que los países puedan alimentar a su población, y contener los subsidios que se proporcionan a los productos que ingresan al mercado mundial. Lo que es increíble es que son los países ricos, no los pobres, a los que se les permite actualmente subsidiar la agricultura en el marco de las normas de la OMC, incluso en formas que distorsionan el comercio y perjudican a los productores nacionales de otros países, porque a los países se les sigue permitiendo subsidiar al nivel en el que lo hacían al momento de ingresar a la OMC. Para Estados Unidos y la UE, esto significa 19.100 millones de dólares estadounidenses y 72.200 millones de euros por año, respectivamente. Estos subsidios alientan la producción excesiva y debilitan artificialmente los precios a nivel mundial, destruyendo los medios de sustento de los agricultores en países que deberían beneficiarse del comercio agrícola mundial. Por lo tanto, un aspecto principal de las negociaciones actuales, y ojalá sea un resultado en Buenos Aires, sería reducir la cantidad de subsidios en el marco de las negociaciones de "apoyo nacional". En cambio, a países como India y la mayoría de los países africanos solo se les permiten subsidios mínimos, ya que no subsidiaban cuando se negociaron las normas iniciales de la OMC. Sin embargo, el mundo ha cambiado enormemente desde que estas normas se establecieron en 1995. Las décadas intermedias conllevaron varias crisis alimentarias mundiales como resultado de la reducción de la producción nacional en los países en desarrollo, mercados volátiles de commodities, la consolidación en las cadenas de producción y de venta al por menor, el cambio climático, entre otros factores. A lo largo de los años, muchos países en desarrollo hallaron que las imposiciones políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como por ejemplo el abandono de las inversiones en agricultura y la apertura de sus mercados a las importaciones, los sometieron al aumento de los gastos de importación y de la inseguridad alimentaria. Ahora el péndulo vuelve hacia el apoyo de la producción nacional de alimentos. Las Metas de Desarrollo Sostenible les ruegan a los países que inviertan en aumentar la agricultura sustentable, mientras que al mismo tiempo se acepta cada vez más el "derecho a la alimentación" como derecho humano. Una de las mejores prácticas internacionales para apoyar los medios de sustento de los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural es la política de las "reservas públicas de alimentos", en la que los gobiernos garantizan a los agricultores un precio mínimo por su producción y distribuyen esos alimentos a las personas con hambre dentro de sus propias fronteras. Lo que es sorprendente es que estos programas, implementados en alrededor de 20 países en desarrollo, van en contra de las normas de la OMC, incluso aunque la agricultura que se apoya no se comercia en los mercados mundiales. Una coalición de casi 50 países en desarrollo en la OMC incide a favor de que los programas de reservas públicas de alimentos no se vean limitados por normas anticuadas de la OMC. Pero los cambios han sido rechazados firmemente por Estados Unidos, la UE, Australia y otros grandes exportadores de agronegocios. Estados Unidos tergiversa la realidad al acusar a China e India de ser los "mayores otorgantes de subsidios". Pero en un análisis per cápita, sus pagos por agricultor siguen siendo minúsculos, alrededor de 348 dólares estadounidenses por agricultor en China y 306 dólares en India, en comparación con los 68.910 dólares en Estados Unidos. Los miembros de la OMC acordaron encontrar una solución permanente para los programas de reservas públicas antes de diciembre de este año. Desafortunadamente, las posturas de los países que representan a Cargill, Tyson, BRF y Monsanto siguen estando muy arraigadas. Las medidas que tomen los activistas que trabajan por la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria podrían ayudar a inclinar la balanza para garantizar un resultado positivo en torno a este tema en Buenos Aires. Más flexibilidad para las políticas de desarrollo Junto con la transformación de las normas mundiales que rigen el comercio agrícola, los países en desarrollo inciden desde hace tiempo a favor de otros cambios en la OMC actual para aumentar la flexibilidad de los países en desarrollo para permitirles que aprueben políticas que promuevan el desarrollo. En 2015, un grupo de 90 países en desarrollo impulsaron un paquete de propuestas concretas para cambiar las normas actuales de la OMC que eliminarían algunas de las limitaciones de la OMC sobre las políticas nacionales a favor del desarrollo. Muchas de ellas son versiones actualizadas de la "agenda de implementación" que ha formado la base de las críticas de los países en desarrollo a la OMC actual desde su fundación. Se trata, por ejemplo, de cambios para permitir que los países en desarrollo puedan promover la industrialización nacional, estimular la transferencia de tecnología, promover el acceso a medicamentos asequibles y salvaguardar la integración regional. Muchas de estas propuestas son similares a los reclamos de la sociedad civil englobadas en la Declaración de Darle la Vuelta de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta, a la que se adhirieron cientos de grupos de la sociedad civil de todo el mundo. Incluso en un área en que todos los miembros de la OMC deberían poder estar de acuerdo -garantizar beneficios para los PMA, no hay un consenso. Aunque era un mandato prioritario, el pequeño paquete de los PMA que se acordó en la conferencia ministerial de la OMC de Bali en 2013 aún no se ha puesto en práctica. Esto incluye garantizar un 100 por ciento de acceso al mercado libre de impuestos, libre de cuotas para las exportaciones de los PMA, la simplificación de las normas de origen que definen cuánto del valor de un producto debe producirse en el país para poder obtener beneficios de reducción de aranceles y proporcionar compromisos vinculantes reales para la exención de los servicios para los PMA (que permite a los países desarrollados proporcionar acceso al mercado de servicios a los PMA sin ofrecer acceso recíproco a los otros países, una "flexibilidad" que ha probado ser casi imposible de utilizar). También incluye el mandato de reducir los subsidios que Estados Unidos y la UE proporcionan a los productores de algodón, que enriquecen a unos pocos miles allí pero que han decimado de manera injusta la producción de cientos de miles de agricultores de algodón en África. Lo que es incluso peor, solo un miembro de la OMC, Estados Unidos, parece no solo negarse a acordar las propuestas de desarrollo, sino que también se esfuerza por garantizar que se abandone para siempre el mandato de desarrollo en la OMC. Si tiene éxito, el mundo estaría forzado para siempre a continuar con las desigualdades y desequilibrios actuales, a instancias de un miembro de la OMC, que dice funcionar por consenso. Hay mucho en juego este diciembre en Buenos Aires. Sin embargo, el resultado dependerá de la presión que ejerzan varias partes interesadas sobre sus gobiernos a medida que dan forma a las posiciones políticas antes de la conferencia ministerial en sí. Algunos incluso afirman que la "mini conferencia ministerial" de octubre en Marruecos será donde se tomen las decisiones principalmente. Los intereses de las empresas intentarán definitivamente influir a los gobiernos. ¿Harán lo mismo la sociedad civil, los sindicatos, los ambientalistas y los defensores del interés público y el desarrollo? Y lo que es más importante, ¿los gobiernos, que enfrentan revueltas a nivel nacional y en las urnas, seguirán a sus amos empresariales o actuarán en el interés de sus ciudadanos y cambiarán la dirección en la OMC? Deborah James es la directora de programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política (www.cepr.net) y coordinadora de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta (http://notforsale.mayfirst.org/es) formada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por un sistema de comercio multilateral sustentable, socialmente justo y democrático. Declaración ante el Foro Mundial de Inversiones de UNCTAD, 17-21 de julio, Nairobi, Kenya Ante la reciente avalancha de demandas de corporaciones en tribunales arbitrales contra nuestros países, ¡decimos YA BASTA! Julio de 2016
Las organizaciones y redes de la sociedad civil que firmamos esta declaración expresamos nuestro rechazo al avance del poder de las empresas transnacionales, que se sustenta en los diferentes tratados de libre comercio e inversiones que existen actualmente en los países de toda América, y que se verán profundizados con el Tratado Transpacífico (TPP), el Tratado de Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el Tratado Comercial Canadá – Unión Europea (CETA), además del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Sostenemos que estos tratados sólo consolidan el poder de las corporaciones en todo el mundo y en particular en los países adherentes, poniendo en jaque los derechos de los pueblos, así como la preservación del medio ambiente. Actualmente, la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, están recibiendo de manera explosiva multimillonarias demandas por parte de corporaciones, a raíz de la puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo que tiene el sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional sobre las legislaciones nacionales. El poder corporativo ha cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante "tribunales" arbitrales secretos y privados (CIADI del Banco Mundial, ICC, SCC entre otros) que funcionan lejos del alcance de la justicia local. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales demandar a las ETN ante la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas públicas para el interés general. Los tratados de inversión y libre comercio atentan contra la posibilidad de los Estados de regular: las reglas de los Tratados de inversión y de libre comercio no son acordes con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, ni respetan la capacidad soberana de los países de implementar políticas públicas responsables. Los TBI contienen cláusulas que limitan la capacidad para que los gobiernos receptores actúen en favor del fomento económico y el desarrollo sustentable, protejan el medio ambiente y la salud pública, defiendan a sus países de crisis financieras y hagan valer la primacía de los derechos humanos. Esta lógica se ha hecho evidente en casos resonantes como la demanda que la tabacalera Philip Morris interpuso contra el Uruguay a partir de una política de protección de la salud, argumentando que se violaba la propiedad intelectual de su inversión, derecho incorporado en el tratado de inversión Uruguay-Suiza. Asimismo, estos tratados son aprovechados de forma masiva por las corporaciones del sector extractivo, como el petrolero y el minero. En uno de los fallos más grandes de la historia, Ecuador está siendo obligado a pagar 1,000 millones de dólares más intereses a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) por haber cancelado un contrato de operaciones en 2006. El mismo país también ha sido sentenciado a pagar 700 millones de dólares a la también estadounidense Chevron. Más recientemente se han recibido una avalancha de demandas del destructor sector extractivo, desafiando políticas públicas tendientes a la preservación del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Aquí mencionamos sólo algunos ejemplos : · Pacific Rim vs. El Salvador: El Salvador, que es el país con más estrés hídrico del continente, decidió no otorgar a la empresa una concesión para explotar oro debido a que la empresa no cumplió con los requisitos ambientales. La demanda es por más de 250 millones de dólares. · Crystallex vs. Venezuela: Venezuela suspendió el permiso a esta empresa canadiense para el proyecto minero de Las Cristinas debido a preocupaciones relacionadas con el medioambiente, especialmente tras protestas de la población indígena de la Reserva Forestal Imataca. En abril de 2016 el CIADI informó que Venezuela deberá indemnizar a la empresa con 1,386 millones de dólares. · Renco Group vs Perú y Bear Creek vs Perú: La empresa norteamericana Renco estableció en 2011 una demanda contra Perú por 800 millones de dólares debido a que el gobierno revocó su permiso para operar una fundidora de metales altamente contaminante en La Oroya, que es uno de los sitios más contaminados del mundo. También la empresa minera canadiense Bear Creek demandó al Perú por 1,200 millones de dólares, debido a que en 2011 el Estado le rescindió el contrato para operar el Proyecto minero de Santa Ana, tras la realización de protestas para la protección del medio ambiente que desembocaron en el asesinato de varias personas. · Infinito Gold vs. Costa Rica: La empresa canadiense reclama $94 millones de dólares por el impedimento a continuar explotando una mina a cielo abierto (proyecto Crucitas). El permiso de explotación fue firmado por el Estado en 2008 y derogado en 2010, luego de que un tribunal encontrara irregularidades y tráfico de influencias en los permisos. El mismo tribunal ordenó a la empresa a indemnizar por daño ambiental (corta de bosque protegido). Luego de este fallo, la empresa demandó al Estado en el CIADI. La empresa vendió todos los activos que poseía en el país, por lo que se impidió el cobro de la indemnización por daño ambiental. En 2015 los directivos de Infinito Gold renunciaron dada la drástica pérdida del valor de las acciones, y tres de los inversores de la compañía apelaron a la Suprema Corte de la Columbia Británica y consiguieron el control de las estructuras de la empresa. El nuevo CEO (Erich Rauguth) explicó que el CIADI otorgó tiempo para que la (¿nueva?) compañía completara la reestructuración y consiguiera el dinero para continuar pagando a abogados que lleven su caso contra Costa Rica. A fines de 2015 el CEO de Infinito consiguió el financiamiento de un fondo de inversión inglés para proceder el caso en 2016. · Dominion Minerals vs. Panamá: La empresa norteamericana demandó a Panamá por 268 millones de dólares por el retiro de una concesión para la explotación minera debido al rechazo de su operación por parte de grupos indígenas y por razones de protección del medio ambiente. · TransCanada vs. Estados Unidos: La empresa canadiense ha notificado que demandará a Estados Unidos por 15 mil millones de dólares por la decisión del presidente Barack Obama de rechazar el oleoducto Keystone XL, que tuvo que ceder a la presión y el rechazo masivo de la población a ese oleoducto. · Lone Pine vs. Canadá y Bilcon vs. Canadá: La empresa norteamericana ha demandado a Canadá por 118 millones de dólares por una moratoria preventiva contra el fracking promulgada por la provincia de Quebec. Canadá también fue demandado por la norteamericana Bilcon debido a que estudios de impacto ambiental indicaron que el proyecto de construcción de una cantera y terminal marina no era sostenible en una zona costera ecológicamente sensible. La empresa estadounidense reclama 300 millones de dólares en compensación. · Glencore vs. Colombia: Colombia ha enfrentado en 2016 una demanda presentada por la empresa minera Glencore (Suiza). La empresa solicitó una reducción en el pago de regalías, lo cual fue rechazado por el Estado, quien inició asimismo una revisión del contrato firmado. Glencore consideró que este hecho cambia las reglas del juego y decidió ir a las instancias internacionales, amparado en el acuerdo de protección a la inversión que tienen Colombia y Suiza, argumentando una expropiación. Colombia enfrenta la amenaza de nuevas demandas por otras tres empresas mineras, que se encuentran actualmente en instancia de conversaciones: Eco Oro Minerals (Canadá), Cosigo Resources (Canadá) y Tobie Mining and Energy Inc. (EEUU). Todos estos casos son sólo ejemplos. Las demandas inversionista – Estado han detonado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos conocidos bajo tratados en 1995, a 696 casos conocidos hoy en día. Solamente en el 2015 se entablaron 70 nuevos casos de demandas inversor-Estado en base a Tratados de Proteccion de Inversiones. Por ejemplo, sólo en el CIADI en 2015, los países americanos en su conjunto representaban el 35% de las demandas. Argentina, México, Ecuador y Venezuela han sido los países más demandados.
Es importante recalcar que en el sistema de arbitraje internacional, los Estados siempre pierden, ya que aun cuando no sean condenados a compensar al inversor, las demandas les cuestan millones dólares en gastos de defensa y de proceso. Aun si en algunos casos los paneles de arbitraje no fallan contra el Estado, la propia demanda implica un gasto excesivo en contratación de firmas de abogados que pueden cobrar hasta USD 1000 la hora de asesoramiento. Perú lleva gastados USD 53 millones en la contratación de dos estudios de abogados estadounidenses para su defensa en las cuatro demandas a las que está siendo sometido; Ecuador gastó más de 100 millones de dólares en su defensa y en los gastos del arbitraje; por su parte, El Salvador ha gastado más de 12 millones de dólares sólo para defenderse de la minera Pacific Rim. Esos montos siderales podrían ser utilizados en los gastos públicos más urgentes, en lugar de ser destinado a cubrir los gastos de las demandas. Por otra parte, en los casos donde sí se ha fallado en contra del Estado, las demandas representan montos gigantes que se convierten en nuevos mecanismos de deuda externa para los países. El reciente anuncio del gobierno argentino de que avanzará en el pago de nueve demandas de empresas en el CIADI con bonos pagaderos al año 2024 es una muestra de esto. Asimismo, Bolivia, Ecuador y Venezuela salieron del CIADI y comenzaron un proceso de denuncia de algunos de sus tratados de inversión. No obstante esto, continuaron recibiendo demandas de inversionistas que se ampararon en las cláusulas de remanencia de los tratados de inversión. Los tratados permiten que los inversores continúen presentando demandas por un periodo residual que en muchos casos supera los 10 años. Por lo tanto, es urgente que se desmantele el poder de las corporaciones trasnacionales. Esta necesidad de regular el poder corporativo ya no sólo es planteada desde los movimientos sociales, sino por diversos gobiernos y parlamentos e incluso organismos internacionales. En ese sentido, es indispensable contar con un código internacional vinculante para las empresas transnacionales (y otras empresas de negocios) que las obligue a respetar los derechos humanos y dote a los afectados y a los Estados de los mecanismos e instituciones para hacerlo valer. Demandamos que todos los gobiernos de nuestro hemisferio: Atiendan de inmediato el reclamo por establecer sistemas de solución de disputas alternativos en los que se anulen las cláusulas inversionista –Estado, se incluya a las comunidades y ciudadanía afectadas, y en los que las disputas planteadas por los inversionistas se diriman ante tribunales nacionales y según las legislaciones del país receptor. Supriman los privilegios de los inversionistas extranjeros bajo estos tratados de libre comercio e inversión y garanticen a los Estados el espacio para la implementación de políticas públicas responsables. Generen nuevas reglas para los inversionistas donde se logre la supremacía de los derechos humanos y se garantice el cuidado del medio ambiente por sobre los derechos de los inversionistas.
BASTA YA DE DEMANDAS CORPORATIVAS CONTRA NUESTROS PUEBLOS EN TODO EL CONTINENTE, DECIMOS NO A LOS TLC RECHAZAMOS EL TPP, TISA, TTIP y CETA
Grupo de Trabajo Continental sobre Inversiones de las Americas: ATTAC – Argentina Democracy Center – Bolivia Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) – Ecuador Comisión Nacional de Enlace (CNE) – Costa Rica Ecuador Decide – Ecuador Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derechos Alternativos (ILSA) – Colombia Instituto EQUIT, Gênero, Economia e Cidadania Global – Brasil Institute for Policy Studies (IPS), Global Economy Project – Estados Unidos REDES / Amigos de la Tierra – UruguayRede Brasileira pela Integraçao dos Povos (REBRIP) – Brasil Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio (RMALC) – México Réseau Québécois sur l´Integration Continentale (RQIC) – Quebec Transnational Institute (TNI) – Amsterdam
Organizaciones adherentes: Asamblea “Argentina mejor sin TLC” – Argentina Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) – México Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) – Ecuador Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) – México BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) – Paraguay CADTM - AYNA (Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas - Abya Yala /Nuestra América) Campaña “Chile Mejor sin TPP” – Chile Centro de Estudios del Trabajo – Colombia Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS) – Argentina Colectivo Viento Sur – Chile Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) Comisión Nacional de los Derechos Humanos – República Dominicana Common Frontiers – Canadá Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) – Ecuador Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) – Ecuador Convergencia México mejor sin TPP – México Escuela Sindical Nuestra América (ESNA) Etica en los Bosques – Chile Federación Judicial Argentina (FJA) – Argentina Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) – Italia FOCO - Argentina Food First Information and Action Network (FIAN) – México Foro Salud Pública – Ecuador Fundación de estudios para la aplicación del derecho (FESPAD) – El Salvador Instituto de Estudios y Formación (IEF) - CTA Autónoma – Argentina Mesa Nacional frente a la Minería Metálica - El Salvador MiningWatch - Canada Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) – Chile Plataforma de Defensa del Haití para el Desarrollo Alternativo (PAPDA) – Haití Red de Ambientalistas Comunitarios (RACDES) – El Salvador Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) – Chile Red Nacional Género y Economía (REDGE) – México Secretaría de Derechos Humanos – CTA Autónoma – Argentina Siglo XXIII – El Salvador Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) – Ecuador UNI – Sindicato Global Américas |
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